Lucía en el jardín de la tortura

La tortura de Lucía, la niña tucumana de 11 años a la que le practicaron una cesárea provocó gran indignación en Tucumán, el país y el mundo.

“Lucia” es el nombre ficticio a la que se denomina a la niña de 11 años que fue abusada por la pareja de su abuela, obligada a maternar hasta las 24 semanas y a la que practicaron una microcesarea para salvar su vida. El viernes 8 de marzo a las 15:30 la beba que nació de ese procedimiento dejó de existir en el Hospital Eva Perón.

La cronología de la tortura

“Lucía” desde que ingresó al hospital señaló en reiteradas oportunidades que quería interrumpir el embarazo. Lo hizo en cámara gesell durante el proceso judicial iniciado como consecuencia del abuso. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo” le dijo a la psicóloga del hospital, según relata página 12.

A la niña y a su familia le ocultaron información acerca de las posibilidades y de su derecho a acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.

No se dio intervención al equipo interdisciplinario para que proceda a hacer el acompañamiento y contención a la niña, incluso trascendió sobre el estado de salud psicológica de la niña.

El sistema de salud tucumano le mintió, ya que una vez que la madre firmó el consentimiento se le exigió innecesariamente la aprobación del otro progenitor, cuando esto no es una exigencia legal. Tampoco se le informó dónde tenía que presentar el formulario firmado, por lo cual ella sin saber qué hacer, lo retuvo 2 semanas. Luego de presentar una nota en mesa de entradas del hospital exigiendo que se practique la ILE, se lo recibieron el día 26 de febrero.

La estrategia que adoptó el Siprosa (Sistema Provinicial de Salud) fue dilatar el acceso a la ILE, durante ese tiempo el viceministro de Salud, Gustavo Vigliocco dijo en reiteradas oportunidades a los medios locales que Lucia podía continuar con el embarazo porque “pesaba 50 kilos”.

El día 26 de febrero, luego de qué informaran a través de un comunicado que iban a practicarle la ILE a la niña, los médicos del Hospital Eva Perón se declararon objetores de conciencia, lo que provocó que llamarán a un médico privado: José Gigena. El profesional fue acompañado por su esposa, Cecilia Ousset, que tuvo que oficiar de instrumentista porque al entrar a la sala hasta el  anestesista se declaró objetor.

“Cuando entramos a la sala estaba jugando con muñecas y eso me quebró por completo” había contado Ousset en diálogo con TN.

La pareja de médicos logró salvarle la vida a Lucía, ya que las niñas con embarazo prematuro sufren de preclancia (una enfermedad de las gestantes menores de 13 que puede provocarles la muerte), y nació una bebe prematura de 500 gramos que fue trasladado a neonatología.

Al terminar su trabajo, los profesionales fueron esperados por un agente del Ministerio Público Fiscal, quien le pidió sus datos y una declaración sobre lo que habían realizado en el quirófano.  

Las consecuencias políticas

El gobierno de Tucumán continuó con la política de tratar de apaciguar la indignación que provocó el caso de Lucia. La ministra de Salud, Rossana Chahla brindó una conferencia al día siguiente de la intervención negó las acusación de dilatar el proceso y afirmó que “ha sido un caso que nos ha golpeado todos”.

El caso llegó a la Legislatura de Tucumán y la comisión de Protección de Derechos de la Mujer del Poder Legislativo expidió su indignación pero rápidamente cerró el tema “para no seguir reevictimizando a la niña”.

El impacto en los medios internacionales como CNN, BBC, Fox y el Usa Today puso sobre la mesa a los políticos anti-derechos del “jardín de la tortura”. Incluso La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) consideró que en el caso de la niña tucumana obligada a ser madre de trata de un hecho de “tortura y malos tratos”.

“La demora injustificada en el acceso a la ILE por parte del Sistema Provincial de Salud y el Hospital del Este Eva Perón vulneró el derecho de la niña a la salud. Ambas instituciones estaban obligadas a garantizar a la niña la interrupción legal de su embarazo de acuerdo con la legislación en Argentina, desde el momento en que tanto la niña como su madre manifestaron expresamente su deseo de interrumpirlo” dijo la representante del ACNUDH para América del Sur, Birgit Gerstenberg.

El gobernador Juan Manzur, ex ministro de Salud kirchnerista, no dijo nada, sólo salió a respaldar el accionar de los funcionarios.

La criminalización de los médicos

El día viernes 8 mientras las tucumanas gritaban la consigna “niñas no madres”, el fiscal Diego López Avila, luego del deceso de la beba, mandó a las autoridades policiales a buscar el certificado de defunción y ordenó una autopsia.

Sumado a esto, esta semana se conoció una de las maniobras de los antiderechos: Gigena y su esposa fueron denunciados por un grupo de abogados que piden que sean condenados a prisión perpetua por homicidio agravado.

“No me sorprende la presentación porque viene de grupos autodenominados provida que, en realidad, son antiderechos que intentan avasallar los derechos de otras personas que, como en mi caso, actué en el marco de la ley. El objetivo de todo es generar un amedrentamiento en la comunidad médica para que nadie más se atreva a hacerlo”, sostuvo Gigena en diálogo con medios nacionales.

La notoriedad del caso de Lucia parece haber extremado las posiciones del Tucumán conservador. La vida de Lucía se quebró a partir de una serie de definiciones que tomó el gobierno peronista que abraza a los antiderechos y le niega la salud a las niñas.

La niña vivía en la localidad Siete de Abril , una población de 500 personas, con su abuela porque ya le habían quitado la tenencia a la madre. Su progenitora vivía con un hombre que abusó de Lucía y sus hermanas. En el hogar de la abuela no fue el mejor, ahí encontró más abusos y un embarazo.

El drama de Lucia es el resultado de esa desidia. Una provincia que se declaró “Provida”, que sus tres principales candidatos -Juan Manzur, José Alperovich y Silvia Elias de Pérez- están en contra de la legalización del aborto, los dos últimos son senadores y votaron en contra en su momento, no puede garantizarle la salud a nadie qué esté en contra de los preceptos clericales, a pesar de estar en la ley.

Otro agravante que provoca Lucias, es que el “jardín de la tortura” ni siquiera adhiere a ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que está vigente desde el 2002. En el 2018 hubo intención de algunos diputados de realizar la adhesión pero se cayó la iniciativa porque “había que escuchar todas las voces”.

Según las cifras oficiales de 2015 que presentó el Gobierno cuando creó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en Tucumán el 19% de los nacimientos fueron de madres menores de 20 años cuando el promedio del país era del 15,5 por ciento. En 2016 (último dato oficial), la provincia también se ubicó por encima de la media nacional. En el informe también se destaca que en el 68,2% de los casos, los embarazos no fueron intencionales.

Ayer se conoció la feliz noticia que Lucía ya salió del hospital y está con su família. Preservar la identidad de la niña  es una de las más importantes, para que pueda vivir como niña y no como madre.

 

Escribe – Belén del Huerto Romero   

Ilustra – Lucas Martinez

para Casa Vainilla  y Queremos problemas

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