Marielle Franco: nueve meses de incertidumbre y desconocimiento

Hace nueve meses, en la noche del 14 de marzo, en Río de Janeiro, la vereadora (concejala) Marielle Franco y su chofer, Anderson Pedro Gomes fueron asesinados a tiros tras una emboscada. En el momento ya se supo que era un crimen político, aunque no se supiera exactamente las razones, que pueden ser muchas. Desde la participación activa de Marielle en la Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI – Comisión Parlamentaria de Investigación) sobre las Milícias – grupos armados conformados por policías, bomberos, militares y agentes penitenciarios, en servicio activo o no, y civiles, que actúan en vigilancia contra narcotraficantes, pero replican muchas de sus prácticas – a sus denuncias por violencia y abuso de poder en contra de policías militares integrantes del 41º Batallón de Policía Militar (41º BPM), uno de los más violentos de la ciudad, hasta sus críticas a la intervención federal con uso de las Fuerzas Armadas, que tuvo inicio semanas antes de su fallecimiento. Marielle tuvo participación activa en la CPI de las Milicias como asesora parlamentaria en 2008 de Marcelo Freixo, diputado estadual (provincial) por el PSOL en Río de Janeiro y diputado federal (nacional) a partir de 2019, y presidía la comisión de la Cámara Municipal que fiscaliza la intervención militar federal.

A pesar de haber sido formada una fuerza-tarea compuesta por policías judiciales de la División de Homicidios (Policía Civil), seis fiscales del Ministerio Público Estadual y jueces del Tribunal de Justicia,  para estar a cargo de la investigación y acelerar los procedimientos necesarios, los avances no fueron muchos y todavía no se sabe quién o quiénes dispararon y quiénes son los autores intelectuales del crimen. Las sospechas son muchas. Hay registros, testigos y videos de espacios internos y externos de la Cámara Municipal y lugares cercanos que muestran visitas de políticos y otras personas involucradas con milicias a la sede del poder legislativo municipal en días anteriores a las muertes de Marielle y Anderson, inclusive horas antes. Fue descubierto el número de teléfono celular de la persona que manejaba uno de los autos utilizados en el crimen y el acceso a informaciones de diversas otras líneas telefónicas fue autorizado por la Justicia, entre ellos de parlamentarios y funcionarios del Legislativo. Doce concejales fueron llamados como testigos por la Justicia, seis de ellos elegidos en zonas controladas por milicias.

Los proyectiles fueron identificados como 9×19 mm parabellum, de un lote de la Policía Federal que fue comprado en 2006 y desapareció mientras era transportado por los servicios de correspondencia, años atrás. Municiones del mismo lote ya habían sido usadas en una masacre en Osasco, São Paulo, que dejó diecisiete muertos y siete heridos, en agosto de 2015. A principio se creyó que los disparos habían partido de una pistola, luego la pericia balística se  confirmó que eran en verdad de una subametralladora, lo que llevó las investigaciones a concentrarse en tres modelos: HK MP-5, MicroUzi y Ingram MAC-10. Tras mayor análisis, se llegó a la conclusión de que el arma utilizada fue una HK MP-5, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y de batallones de élite de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, como el Batallón de Choque y el Batallón de Operaciones Policiales Especiales, el famoso BOPE.

La manera como fueron efectuados los disparos y como los proyectiles impactaron a Marielle, Anderson y al auto en que se encontraban, hizo que la investigación afirmara que el autor era un tirador de élite. Un testigo bajo protección de la policía citó a un policía militar que recibió entrenamiento en el BOPE y, aunque hoy sea parte de otra unidad, sigue teniendo contactos estrechos con otros caveiras. Así, la División de Homicidios solicitó y la Justicia ordenó que fueron presentadas todas las subametralladoras HK MP-5 del BOPE para que fueron examinadas y peritadas. También se encontraron huellas digitales en los proyectiles, pero hasta el momento ninguna comparación de huellas fue positiva.

Para muchos el asesinato de Marielle fue una alerta a todas las personas que, como ella, buscan enfrentarse y hacer que el Estado cumpla su papel constitucional y efectivamente combata al crimen organizado, sean milicianos o narcotraficantes. La intención habría sido asustar a esas personas y mantener poder de influencia en los ámbitos político y judicial, para que no se cambie el status quo. No obstante, en un momento inicial, la reacción de la sociedad respecto al crimen generó un efecto contrario, con grandes manifestaciones en muchas ciudades del país y la exigencia de que se haga Justicia. Con el tiempo el movimiento de repudio perdió un poco de fuerza, pero sigue gracias a la movilización de algunos políticos, especialmente del PSOL, partido de Marielle, de su familia y amigos, de los medios independientes de comunicación, principalmente The Intercept Brasil, y de movimientos sociales.

El último martes, 11 de diciembre, se publicó el informe final de la Comisión externa de la Cámara de Diputados que acompaña el caso, elaborado por el diputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Donde son criticadas las investigaciones conducidas por la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro, por no haber presentado resultados contundentes sobre quiénes son los autores, intelectuales y la motivación del crimen. Hay también la recomendación para que la Procuradoria Geral da República, órgano federal de fiscalía, entre con un pedido en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la baja corte federal, para federalizar el caso, lo que permitiría un acompañamiento más de cerca del Congreso Nacional. Además de eso, se recomienda la creación de un órgano independiente compuesto por la sociedad civil y en estrecha cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otras medidas mejorar el control sobre el uso, mantención y transporte de las armas y municiones, junto a la formación de redes de protección para activistas por los Derechos Humanos.

Ayer, 13 de diciembre, agentes de la División de Homicidios cumplieron las órdenes de detención y allanamiento en quince direcciones en Río de Janeiro y Minas Gerais. La sospecha recae sobre un grupo miliciano denominado Escritório do Crime, formado mayoritariamente por ex-policiales militares. El principal blanco es un individuo responsable por clonaje de automóviles. Aunque se diga que los autores y la motivación del crimen ya fueron identificados no hay información pública, pues la causa está bajo sigilo para no comprometer la investigación. El general Richard Nunes, secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro declaró que Marielle fue acribillada porque estaba dificultando el acaparamiento de tierras en la zona oeste por la milicia y que el asesinato empezó a ser planificado en 2017. Rivaldo Barbosa, jefe de la Policía Civil argumentó que este último operativo muestra que no hay necesidad de federalizar la causa. El mismo jueves, la Policía civil divulgó un nuevo plan de milicianos para asesinar al diputado Marcelo Freixo, que se encuentra bajo protección policial desde 2008. Freixo es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (ALERJ).

La victoria presidencial de Jair Bolsonaro sumado al impresionante crecimiento del PSL, más los aliados en el legislativo, la conquista de varios estados (provincias), bajo discursos belicistas, chovinistas, de exclusión y eliminación de las minorías y de opositores daría la sensación que se terminaría con la movilización social efectuada en las primeras semanas del asesinato de Marielle y Anderson.  Sin embargo, las victorias logradas en el legislativo por parte del PSOL, otras alas de izquierda y centro izquierda, más escenarios al interno de algunas provincias, como en las del Nordeste, Minas Gerais y en Río de Janeiro, con las elecciones de Talíria Petrone (PSOL – Río de Janeiro), Mônica Francisco (PSOL – Río de Janeiro), Áurea Carolina (PSOL – Minas Gerais) y Andréa de Jesus (PSOL – Minas Gerais), son la prueba de que todavía hay una disputa discursiva y territorial.

Al parecer gran parte de la fuerza opositora a Bolsonaro cuenta con origen en lo que representa Marielle.

Más allá de preguntarnos y preguntarle al Estado quién mandó y mató a Marielle junto a Anderson, debemos cuestionarnos sobre cómo serán las vidas de las  personas como Marielle en los próximos años. Y cuales son los medios legítimos y legales de organización para impedir que la violencia política en Brasil siga creciendo como viene ocurriendo en los últimos tiempos.

Escribe Raphael Fernandes Vieira

Ilustra Jorge Chacoma

 

Fuente de información The Intercept Brasil.

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